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sábado, 14 de abril de 2012

La formación bonificada




Todas las empresas que cotizan por la formación profesional disponen de una cuantía (crédito de formación) para bonificarse la formación que realicen sus trabajadores anualmente. Este crédito, que no hay que entenderlo como un crédito bancario, es una cuantía para invertir en Formación, es decir, un importe que le corresponde a cada empresa, de uso libre en este ámbito. Una vez realizada dicha formación, el gasto será deducido mediante las cotizaciones a la Seguridad Social. 

El organismo encargado de la gestión de la bonificación es la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Como hemos dicho, el crédito proviene del importe cotizado por la empresa en concepto de Formación Profesional durante el año anterior. A este importe se le aplica un porcentaje de bonificación en función de la plantilla media (ver tabla siguiente) que determina el crédito.


Independientemente del número medio de trabajadores que tenga la empresa y de lo cotizado por la contingencia de formación profesional, tiene garantizado un crédito mínimo de 420 € para desarrollar la formación bonificada.

El sistema de Formación establece que las empresas de más de 9 trabajadores han de realizar una pequeña aportación privada, ya sea económica (no bonificándose de todo el curso) o realizando al menos parte del curso en jornada laboral.

Esta aportación privada o “esfuerzo inversor” se establece en función de la plantilla media de la empresa. 

Una vez calculado el crédito disponible, se podrá iniciar y planificar la formación de los trabajadores de la empresa. Cada acción formativa podrá ser bonificable, total o parcialmente, en función del coste del curso y las condiciones de la empresa. A medida que se vaya desarrollando la formación, y bonificándola, la cuantía del crédito de formación se irá restando.

Como puede verse, en principio la idea no es mala para establecer un sistema de formación continua en la empresa, para contribuir a la especialización y adquisición de nuevas capacidades a los trabajadores, así como para adaptarse a los avances técnicos, innovaciones, cambios en el mercado, etc., todo ello sin coste para el trabajador ni para la empresa, pues es un dinero que realmente ya paga cada mes.

El problema es que mientras la idea y la teoría son buenas, la práctica y la realidad son otras:

1) Financiación del sistema: En lugar de ir directamente a una “caja común” las cotizaciones por formación profesional de los trabajadores y que, una vez hecha la formación, las entidades impartidoras cobren directamente de esa caja común, se establece un “fondo” para la patronal y los sindicatos mayoritarios, del que ellos sí cobran, mientras que en el caso del resto de entidades y empresas impartidoras de formación, estas se ven obligadas a actuar de “cobradores del frac”, persiguiendo a las empresas que reciben la formación para que efectúen el pago. En muchos casos, dichas empresas se descuentan los gastos de formación pero ni pagan a la Seguridad Social ni a las entidades que imparten. Este es un problema que tanto la Fundación Tripartita como la Seguridad Social y Hacienda saben que existe pero que obvian, “mirando para otro 
lado” cada vez que se les reclama una solución.

2) Verdadera “gestion de la formacion” en las empresas: Es evidente que en algunas empresas grandes existen departamentos de formación y se gestiona muy bien desde los mismos, que generalmente atienden a las necesidades de cada momento. La cuestión es que la gran mayoría del tejido empresarial español la componen pymes y micropymes, que de “departamento de formación”, nada, y de formación en horas de trabajo, menos, ya que lo consideran directamente una pérdida de tiempo o, sencillamente, no es una prioridad para ellas.

3) El excesivo guerrilleo existente en el sector: Es decir, cualquier consultorilla sin temarios ni profesores puede dedicarse a la venta de cursos de formación, cuando la mayoría no tienen calidad ninguna, ni están respaldados por buenos docentes (muchas veces son verdaderos fraudes y se imparten cursos que exigen un docente con licenciatura pero que en la práctica desempeñan profesores sin título de formador ni CAP). De este modo, lo que verdaderamente determina la formación es la venta y el guerrilleo comercial, la capacidad de vender el curso, anteponiendo la capacidad comercial del ofertante a las necesidades formativas de las empresas. Por eso las empresas de formación que trabajan en este sector tienen que dedicar más atención a su departamento comercial que a tener buenos docentes en plantilla, con una estabilidad para desarrollar su labor y buenos temarios. La tónica general del sector es la precariedad, los bajos precios, la temporalidad y el “estar condicionados a la venta de cursos”, de manera que acaban impartiéndose solo los que más fácilmente se venden (muchas veces por obligación legal), y no cursos de verdadera calidad. Cuando estás en una empresa y ves que tu puesto depende de las ventas no puedes centrarte en desarrollar, innovar y mejorar una acción formativa, con lo cual tampoco se desarrolla una evolución técnica del mercado, ni se innova, ni se investigan las necesidades de las empresas, etc.,  aparte de que se condena al profesorado a la precariedad y al desperdicio de talento y capacidades. 

4) “Malacostumbra” a las empresas a que la formación es “gratis”: Muchas veces las empresas preguntan por los cursos gratis o que no les cuesten nada; el empresariado español tiene implantada hasta la médula la “cultura de la subvención”. En este país no se invierte en nada, y esto en el caso de la formación es muy triste. Los empresarios no valoran una acción formativa bien hecha, con unos conocimientos, una experiencia y un trabajo concienzudo detrás, y se creen que “no cuesta nada”, que “es gratis”, no existe una cultura empresarial de la formación y la innovación, con su correspondiente inversión. Y por eso España nunca será un país “puntero” en este sentido, porque para gastar, que gaste el Estado; el empresario prefiere no dejarse un duro, no invertir en nada, pagar salarios de miseria y después quejarse de lo mucho que paga a Hacienda y a la Seguridad Social. Su problema, y el de muchos, es que no venden, ni venderán, precisamente porque no aportan nada nuevo al mercado.

5) Abre la puerta totalmente a la privatización de la formación profesional: Los certificados de profesionalidad y los contratos en formación, aparte de constituir una nueva forma de precariedad y de mano de obra barata, traslada (o quiere trasladar) una gran parte de la FP al sector privado, ya que prácticamente cualquier empresa de formación con instalaciones y/o convenios con empresas y entidades que las tengan podrá dedicarse a esta “nueva formación profesional”, menguando al sector público, (seguramente con la excusa de abaratar costes) y, nuevamente, dando un paso más en la precariedad y empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado y en la calidad de la enseñanza impartida.

6) Es un sistema pensado para Alemania: Alemania es un país con un fuerte sector industrial; aquí, sencillamente no tenemos sector productivo suficiente para ponerlo en práctica, aparte de que tampoco la mentalidad es la misma. En España, seguramente lo que se conseguirá es la utilización masiva y fraudulenta de este tipo de contrato, sin derechos y sin protección social.

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